lunes, 1 de marzo de 2010

El Tribunal de Cuentas investiga al ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat

Artículo publicado en ABC.

El Tribunal de Cuentas investiga contratos de Hospitalet de la época de Corbacho

El Tribunal de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones y de los partidos políticos españoles, ha abierto diligencias preliminares contra el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por supuestas irregularidades en la contratación pública efectuada entre el 29 de marzo de 2006 y el 23 de diciembre de 2008. El pasado martes, el gobierno municipal acordó personarse en el expediente y remitir la documentación requerida por el citado Tribunal.

La investigación se refiere a 142 contratos presuntamente adjudicados a dedo y sin cumplir con los requisitos legales. Estas contrataciones, que oscilan entre los 1.000 y los 500.000 euros, y que corresponden a estudios técnicos y obras urbanísticas, fueron tramitadas en su mayoría cuando el actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, era alcalde de esta ciudad, hoy gobernada por la también socialista Núria Marín. Las diligencias fueron incoadas a raíz de una denuncia del concejal del PP en este municipio, Juan Carlos del Río, quien sostiene que esos 142 contratos «se realizaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, sin seguir ninguna de las disposiciones legales del procedimiento administrativo fijado para la contratación recogido en la Ley de Contratos de 2000 y de la vigente ley de 2007», según consta en el escrito remitido por los populares al ente fiscalizador. Posteriormente, esos contratos se transformaron en expedientes de conversión y reconocimiento de crédito, figura administrativa que equivale a una convalidación «para evitar un posible enriquecimiento injusto de la hacienda pública».

«En todos y cada uno de los dicatámenes hay sendos informes del Interventor General de este Ayuntamiento y de la Secretaría General en el que se expresan serios reparos acerca de la legalidad de estos dictámenes», subraya la denuncia. En este sentido, los informes de la Secretaria General municipal indican que «la realización de estos trabajos ha tenido lugar sin atender a lo que dispone el decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el resto de disposiciones referentes a la contratación contenidas en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril».

Carácter de emergencia

Añaden los informes de la Secretaría General que, de acuerdo con la vigente ley de contratos de 2007, «los entes, organismos y entidades del sector público no pueden contratar verbalmente salvo que el contrato tenga carácter de emergencia». Al respecto, el artículo 97 de la ley de contratos prevé la exención de tramitar expediente administrativo de contratación en los supuestos de «acontecimientos catastróficos, de situaciones que suponga grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional». El artículo 96 recoge esa misma exención «por razones de interés público».

Concluye esta Secretaría que «los actos que son objeto de este informe han prescindido del requisito de la formación del expediente y de la posterior adjudicación».

En opinión del grupo municipal del PP, «todas estas actuaciones pueden suponer una extralimitación de las funciones de los concejales y funcionarios que han intervenido en la génesis y aprobación de estos contratos nulos, prescindiendo del procedimiento legal, al margen de la Mesa de Contratación y de Comisiones municipales, obligando al Ayuntamiento para evitar el enriquecimiento injusto a resarcir a las diversas empresas por los trabajos realizados al margen de la competencia y procedimiento legalmente establecido».

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